DENUNCIARON A MACRI POR MALA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DE COMEDORES

Leche en polvo con gusto a nada

Los diputados Martín Hourest y Liliana Parada, del bloque Igualdad Social, denunciaron ante la Justicia al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y a otro funcionario por proveer “alimentos en mal estado a comedores comunitarios de la zona sur porteña”. La demanda presentada por incumplimiento de los deberes de funcionario público fue radicada en el Juzgado Correccional a cargo de Graciela Angulo Quinn y sostiene que la ciudad compró en julio casi 300 mil pesos de leche en polvo marca Sauque, que el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Industria Láctea del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) recomendó “no utilizar para consumo de los niños que asisten el comedor”, porque si bien su estado se encuentra “dentro de lo regulado por el Código Alimentario Argentino”, el análisis de sabor y olor arroja una calificación de 1 y 2 puntos dentro de una escala de 5. El análisis, que acompaña la denuncia, es el resultado de una paciente investigación de los dos diputados que fue refrendada por los estudios del INTI, pero que surgió a partir de las quejas de docentes y comedores. “Sabemos que estos alimentos son recibidos por 325 comedores en toda la ciudad”, dijo Parada a Crítica de la Argentina, y explicó que el relevamiento fue realizado en los comedores de la villa 1-11-14 y del centro de evacuados de la ex Villa Cartón, emplazado en el barrio de Villa Soldati. Para los denunciantes, la leche no es el único problema. Según el escrito, que también alcanza al coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales de Compras de Alimentos para Programas Sociales (Upecaps), “la polenta marca C.A.R.S.A. debe ser pasada por agua varias veces y, pese a los esfuerzos que se hacen por parte de quienes la cocinan, los niños muchas veces la rechazan y por eso pierden una comida”, sostiene. El viernes pasado, Crítica de la Argentina reflejó el reclamo de maestros, alumnos y dirigentes que denunciaron que el Ministerio de Educación porteño redujo las viandas y las raciones de los comedores escolares. El tema no es desconocido para la comuna y fue anticipado el 9 de septiembre al titular de la cartera, Mariano Narodowski.“Le pregunté por qué había aumentado el costo de las viandas y bajado su calidad, pero no dijo nada y quedó en contestarme por escrito, cosa que nunca ocurrió”, se quejó Parada. La denuncia agregó que también la carne “tiene gran cantidad de grasa”, “las galletitas llegan trituradas” y los zapallitos “son imposibles de cocinar”.

(Esta Nota fue tomada de la publicación del día 23 de setiembre de 2008 de "Critica de la Argentina " de Jorge Lanata.

MACRI NO PUEDE ELEGIR QUE LEY CUMPLE Y QUE JUEZ LO JUZGA

Transcribo una nota escrita por la periodista Alejandra Lazo para ADN CIUDAD, titulada “Es el comienzo de una práctica de disciplinamiento” del día 8 de setiembre de 2008



El juez Roberto Gallardo denunció este lunes al Gobierno de la Ciudad por vaciar su Juzgado y convertirlo en un “juzgado virtual”. Fue durante una conferencia de prensa que dio en la Legislatura porteña bajo la atenta mirada de diputados de la oposición y de numerosas organizaciones sociales.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, llevó a cabo una conferencia de prensa este lunes en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña.
Acompañado por el defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, Gallardo explicó que eligió el ámbito legislativo para hacer su conferencia de prensa (lo cual no fue bien recibido por algunos funcionarios de la Casa, dado que no solicitaron la correspondiente autorización) porque hace casi diez años fue la Legislatura la que lo designó como juez de primera instancia.
A lo que añadió: “Aquí juré cumplir por el pueblo de la Ciudad cumplir mi función y considero que es el ámbito en el cual debo decirle a los legisladores que comienzo a ser un juez virtual, sin haberse iniciado ningún proceso de remoción en mi contra, a raíz de una medida claramente inconstitucional y arbitraria por parte del Gobierno de la Ciudad”.
A un costado siguieron atentamente la conferencia de prensa los diputados Juan Cabandié, Silvia La Ruffa, Alicia Bello (Frente para la Victoria), Diana Maffía (Coalición Cívica), Martín Hourest, Liliana Parada (Igualdad Social), Verónica Gómez, Julián D’Angelo (Partido Socialista), Gabriela Alegre y Gonzalo Ruanova (Diálogo por Buenos Aires).
También estaban, entre otros, Gustavo Vera de La Alameda, Gustavo Desplats de Protocomunas, Juan Manuel Lugones (abogado de Familiares de Víctimas del Fútbol Argentino) y Julio Piumato (Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación).
Gallardo aclaró que, en esta oportunidad, sólo iba a realizar una lectura jurídica de la decisión del Poder Ejecutivo de pedir su remoción de todas las causas en las cuales interviene el magistrado y que involucran a la administración macrista. Sin embargo, algunos de los trayectos de la conferencia también tuvieron una marcada connotación política.
Al igual que había hecho en el comunicado que anunciaba la conferencia de prensa, el magistrado relató que “con fecha 2 de septiembre del corriente año convocó a una audiencia de explicaciones con motivo del incumplimiento reiterado de una medida cautelar que ordenaba la cobertura médica permanente (sala de primeros auxilios) en el centro de evacuados de Parque Roca (Ex AU7 – Villa Cartón)”.
A lo que añadió: “La Audiencia, a la que debían concurrir el Jefe de Gobierno y algunos ministros de áreas vinculadas al asunto, tuvo como hecho antecedente y fundante la muerte sin atención médica en el lugar del menor Javier Occhiuto, de cuatro meses de edad”.
Gallardo sostuvo: “Ningún funcionario político concurrió a la audiencia. El Ejecutivo envió para explicar a un abogado de planta que carecía de documentación y de información, por lo que no hubo por parte de la Administración vocación alguna de informar sobre el asunto. Finalizada la Audiencia, el Ministerio Público solicitó al Tribunal a mi cargo el allanamiento de las dependencias gubernamentales involucradas y el secuestro de la documentación relativa a la orden judicial incumplida y a la muerte del menor”.
“En ese contexto -amplió- ordené con fecha 3 de septiembre el allanamiento de siete dependencias administrativas y el secuestro de la documentación respectiva. Los procedimientos se efectuaron con éxito. Ese mismo día, mientras se realizaban los operativos mencionados, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires me demandaba por daños y perjuicios en el que supuestamente se reclaman los intereses que el Gobierno local no habría percibido con motivo de un embargo que ordenara el suscripto en un expediente vinculado con la construcción de viviendas por parte del IVC”.
Gallardo señaló que “la jurisprudencia es clara al respecto, se puede recusar a un juez para garantizar la imparcialidad en un caso, pero no en todas las querellas. Esto implica que es evidente la intención de desplazarme de todas las causas y, si quedaba alguna duda, el procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli, lo afirmó en declaraciones periodísticas”.
El juez mencionó con especial énfasis la causa de Villa Cartón y disparó contra el jefe de Gobierno Mauricio Macri respecto a la muerte del bebé de cuatro meses, sobre la cual las versiones son muchas pero no vienen al caso. Al respecto, manifestó: “Javier, ese es el nombre que el Gobierno de la Ciudad no quiere nombrar. Era un chico pobre, seguro que es por eso que a muchos no les interesa. En la Ciudad de los rascacielos, hay un vergonzoso enclave de pobreza e indignidad”.
Por otra parte, Gallardo dijo: “Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier otro. Es el comienzo de una práctica de disciplinamiento a la Justicia”.
Y añadió: “Las próximas horas serán decisivas. Nos demostrarán si estas acciones representan la opinión de Macri (quien hasta ahora no ha opinado sobre el tema), o si de trata de la desprolijidad de un funcionario de segundo nivel (por Tonelli)”.
Por último, el juez advirtió que “la violación sistemática de los derechos humanos (en el centro de evacuados de Villa Cartón) puede generar un problema para el Gobierno nacional internacionalmente, dado que la jurisprudencia responsabiliza al país frente a estas violaciones sistemáticas”.